El uso abusivo de información privilegiada

José Zalaquett

José Zalaquett

Head of the Project at MOOC Chile
Lawyer, Universidad de Chile. Doctor Honoris Causa, by the Universities of Notre Dame and City University of New York.
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En un mercado bien ordenado, todos los agentes económicos debieran conocer al mismo tiempo la información relevante para tomar sus decisiones.
Ahora bien, distintas autoridades públicas, así como también altos ejecutivos de algunas empresas privadas que representan o debieran cautelar los intereses de los consumidores, accionistas o usuarios, suelen poseer, en razón de su cargo, información sobre sucesos futuros que pueden tener un valor económico para quienes las conozcan con antelación al resto de los agentes del mercado.
Esta información es considerada privilegiada y su aprovechamiento para generar un beneficio privado es un acto de corrupción conocido como uso abusivo de información privilegiada.
Ejemplos de tal uso indebido son los siguientes: (a) el ministro de economía de un determinado país tiene pensado devaluar la moneda nacional con respecto al dólar estadounidense; le pasa la información a un familiar, quien compra dólares y obtiene así una utilidad ilícita. (b) el presidente del directorio de una empresa sabe anticipadamente que las utilidades de la firma serán elevadas para el año de que se trata; le entrega el dato a un amigo quien adquiere acciones de esa empresa, las cuales, una vez conocido públicamente el balance de la empresa, suben significativamente de precio.
En muchos países desarrollados, de economía de mercado, la ventaja ilícita que se obtiene por el uso abusivo de información privilegiada es castigada con penas significativamente elevadas.
Es bien sabido que el llamado “delincuente de cuello blanco” actúa no de un modo pasional o espontáneo, sino haciendo un cálculo de costos versus beneficios. Según este cálculo, la ganancia esperada se contrapone al porcentaje de probabilidades que se atribuye al hecho de ser descubierto y castigado, considerando la pena que podría imponerse. Por tanto, si, digamos, la utilidad del negocio ilícito asciende a 10 y la probabilidad de ser atrapado se estima en un 50%, pero el máximo castigo que podría imponerse es una multa equivalente a menos de 10, los incentivos para realizar el negocio serán poderosos. Por esta razón, un disuasivo eficaz para la perpetración de delitos económicos supone dos factores: por un parte, un sistema eficiente de investigación, prosecución y juzgamiento; por otra, penas pecuniarias que equivalgan a dos veces o más veces el monto de la utilidad ilícita percibida o esperada.
Chile ha tenido desde antiguo una cierta reputación de ser un país de relativamente bajos índices de corrupción. Los escándalos que han sacudido al país en el año 2015 no desmienten completamente este hecho, porque precisamente generan indignación ciudadana antes que conformismo o escepticismo.
Con todo, si bien en Chile no se da una práctica generalizada de acciones que son indisputablemente consideradas corruptas, como el soborno o la apropiación de bienes públicos, hace falta mucho mayor desarrollo en la conciencia de los actores económicos – particularmente las élites – de que actuar favoreciendo el interés privado por sobre los deberes públicos, particularmente en situaciones de conflictos de intereses o manejo de información privilegiada, es también un acto de corrupción.

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