Protesta social y uso de la fuerza

Juan Francisco Lobo

Juan Francisco Lobo

Coordinador Académico at MOOC Chile
Abogado, Universidad de Chile. Profesor, Introducción al Derecho, Universidad Diego Portales. Profesor, Derecho Penal Internacional, Universidad Adolfo Ibáñez.
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    La efervescencia de las protestas sociales en Chile ha ido en ascenso en lo que va del año 2015, continuando con la tendencia local e internacional inaugurada en 2011. En particular, quisiera referirme a la aceptabilidad de medidas de fuerza adoptadas por los actores del movimiento estudiantil por una mejor educación, conocidas como “tomas” u “ocupaciones” de establecimientos educacionales secundarios y universitarios.

    Al interpelar a una persona sobre si está o no de acuerdo con estas medidas, si el interlocutor está en desacuerdo con la ocupación de establecimientos educacionales tenderá a formular la pregunta aludiendo a una práctica general: “¿Está usted de acuerdo con las tomas?”. Al contrario, quien apoye este tipo de medidas procurará presentarlas como excepcionales y de último recurso: “¿Está usted de acuerdo con la toma?”. Como suele suceder con conceptos políticos, la formulación escogida rara vez será neutra.

    En efecto, preguntar sobre medidas de fuerza en la protesta social se asemeja a la pregunta por la acción de matar a otro. Quien inquiere “¿Está usted de acuerdo con el asesinato?”, implícitamente reprocha la acción de matar. En cambio, quien pregunta “¿Está usted de acuerdo con la legítima defensa?” revela su valoración positiva del hecho, calificado desde el inicio como “legítimo”. Una tercera aproximación consistiría en formular en términos neutros este tipo de pregunta, que no puede contestarse sin antecedentes adicionales que la complementen: “¿Está usted de acuerdo con matar?” (La respuesta probablemente será: “En general estoy en desacuerdo, pero admito que hay ocasiones en que es necesario hacerlo, dependiendo de las circunstancias”). Creo que la pregunta por las medidas de fuerza en la protesta social debería adoptar siempre esta formulación neutra: “¿Está usted de acuerdo con el uso de medidas de fuerza en el ejercicio de la protesta social?”. Esta proposición no sugiere en su propio enunciado si se aprueba o desaprueba la medida, tal como no se puede responder de modo general si matar es categóricamente bueno o malo.

    Hace algunos años sostuve que las medidas de fuerza en la protesta social, en particular las tomas (plural), eran de plano ilegítimas. Hoy he llegado a un “equilibrio reflexivo”: mis intuiciones iniciales han sido depuradas. Si, como creo, la forma más extrema de violencia en la interacción humana, la guerra, no es pura facticidad sino un hecho institucional que puede y debe ser regulado, entonces un quehacer que – como postuló Clausewitz – está íntimamente relacionado con la guerra, la política, también puede ser evaluado a la luz de principios equivalentes.

    En este sentido, recuerdo lo propuesto por el profesor chileno José Zalaquett, quien sugirió reinterpretar la doctrina de John Rawls de la desobediencia civil aplicando analógicamente los criterios para el uso de la fuerza formulados en la tradición de la guerra justa. Así, frente a la pregunta sobre el uso de la fuerza en la protesta social (en particular en las ocupaciones de establecimientos), los criterios de justa causa, legítima autoridad, recta intención, último recurso y proporcionalidad pueden servir de guía para responder prudencialmente si ésta o aquella toma puede o no ser calificada como legítima en cada caso.

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