Nueva Ley Anti-Terrorista en Chile

Juan Francisco Lobo

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Academic Coordinator at MOOC Chile
Lawyer, Universidad de Chile. Professor, Legal Theory, Universidad Diego Portales. Professor, International Criminal Law, Universidad Adolfo Ibáñez.
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    El ataque con bomba perpetrado el reciente lunes 8 de septiembre en Santiago de Chile ha generado tal conmoción social que las diversas coaliciones políticas y el gobierno concuerdan en la necesidad de reformar la denominada “Ley Anti-Terrorista” (N° 18.314), para otorgar más facultades a los órganos capaces de prevenir y reprimir este tipo de actos.

    A decir verdad, la coyuntura presenta al Estado de Chile la oportunidad de cumplir con los mandatos de órganos internacionales en relación a la necesidad de reformar su legislación relativa al terrorismo. En efecto, en mayo de 2014 la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos emitió su sentencia en el caso Norín Catrimán y otros v. Chile, en la cual ordenó al Estado de Chile a dejar sin efecto las condenas penales por delito de incendio terrorista impuestas a comuneros mapuche que habían realizado atentados incendiarios en contra de la propiedad privada. La Corte concluyó esta medida luego de determinar que, entre otras infracciones, la Ley Anti-Terrorista chilena vulneraba el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, pues al tiempo de ser aplicada a las víctimas del caso, la ley presumía el dolo específico terrorista ante el uso de artefactos explosivos o incendiarios (presunción que fue suprimida en 2010). Asimismo, la Corte declaró que la Ley Anti-Terrorista chilena no definía el tipo penal de terrorismo de manera suficientemente clara y precisa como para delimitarlo de otras conductas no punibles, o de otras conductas punibles comunes.

    Por su parte, el Comité de Derechos Humanos, órgano especializado de las Naciones Unidas encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ratificado por Chile), concluyó en su informe sobre Chile, de julio de 2014, que el Estado debe adoptar una definición clara y precisa del terrorismo en su legislación. Esto busca evitar que en la persecución penal se criminalice arbitrariamente a un sector de la sociedad, tal como la comunidad mapuche.

    El momentum que experimenta en estos días el espíritu anti-terrorista en Chile, debería ser encauzado de manera apropiada para aprovechar de cumplir con lo resuelto por los órganos internacionales, cuyas resoluciones no son meras recomendaciones sino que son obligatorias para el Estado de Chile.

    En tal sentido, una nueva definición de terrorismo debería recoger los elementos nucleares de este concepto que han sido identificados en el derecho internacional, en el cual el terrorismo posee, según la doctrina, a lo menos el status de crimen convencional (treaty crime), y para algunos incluso es un crimen contra el derecho internacional.

    En particular, se deberían extraer las nociones establecidas en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999), en la Resolución 1566 del Consejo de Seguridad de la ONU (2004), y en la definición modelo de terrorismo propuesta por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo (2010). Todos ellos identifican los siguientes elementos como esenciales de una conducta terrorista: (i) la realización de un acto criminal grave contra civiles, como causar la muerte, lesiones corporales graves o secuestro; y (ii) la intención alternativa de difundir temor entre la población (o parte de ella) o de compeler a un gobierno u organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

    Es de esperar que una eventual nueva definición del terrorismo en la legislación chilena sea lo más clara y precisa posible, respetando estos estándares internacionales, al tiempo que no signifique un retroceso, lo que sucedería si se restableciera la presunción de dolo terrorista (suprimida en 2010) o si se volviera a extender la punibilidad por estos actos a menores de 18 años (derogada en 2011). También sería deseable eliminar o cuando menos restringir al máximo la práctica de los testimonios protegidos, actualmente en vigor, para que la persecución penal sea conducida de manera responsable y transparente por parte del Estado.

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